El presidente de la Comisión Cameral de Vivienda y Desarrollo Urbano, el representante Pedro I. Cintrón Rodríguez y el portavoz del PPD en dicha Comisión, el representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez radicaron un proyecto de ley para continuar fomentando y estimulando la construcción de viviendas de interés social y de clase media.

La pieza legislativa P. de la C. 2321 propone la estandarización de los arbitrios de construcción estableciendo una tasa más baja y fija en todos los municipios de Puerto Rico. Actualmente, las tasas de arbitrios de construcción en cada municipio son diferentes, lo que ocasiona que los desarrolladores de viviendas de interés social no tengan la misma oportunidad o ventajas para invertir en este tipo de proyectos de construcción.

En Puerto Rico es casi costumbre adquirir una vivienda en el momento de la adultez, siendo ésta una herramienta efectiva para promover la independencia y la oportunidad de progresar a cada individuo y los suyos. Tal es el caso de los compradores de viviendas de interés social, grupo en que predominan personas solteras o divorciadas, madres solteras con custodia, personas incapacitadas, matrimonios jóvenes, retirados o pensionados, empleados del gobierno y personas en búsqueda de su primer hogar.

Cada día son mayores las necesidades de adquirir una vivienda, más aún cuando, según estadísticas del censo, se proyecta que para la próxima década la población puertorriqueña aumentará aproximadamente a 130,000 habitantes o el equivalente a poco más de 45,000 hogares. Esto demuestra la necesidad imperante de continuar trabajando en iniciativas que fomenten la construcción de viviendas accesibles al presupuesto de los compradores con menores recursos económicos.

Al bajar sus tasas de arbitrios en el sector de la construcción, el Estado estaría brindando la oportunidad de adquirir una vivienda que se ajuste al presupuesto del comprador de clase media y clase media baja. De igual forma, estaría propiciando la generación de ahorros por concepto de alquiler no incurrido y la amortización de la deuda hipotecaria, además de brindar la oportunidad de generar ganancias por el crecimiento del capital.

Esta medida legislativa también fomenta la continuidad del desarrollo de la industria de la construcción, la cual funge como un eje fundamental para el desarrollo económico sostenible. Ante el escenario económico en que se vive en la Isla, los representantes Cintrón Rodríguez y Hernández Montañez estiman pertinente continuar ofreciendo herramientas que sigan impulsando este sector de la economía para generar más empleos directos e indirectos. Cualquier merma consecuente o dramática en dicha industria podría provocar una crisis mayor a la existente.

Durante los pasados dos años sólo se ha endosado la construcción de aproximadamente 1,000 unidades nuevas de viviendas de interés social, habiendo una demanda acumulada de cerca de 100,000 viviendas de interés social o clase media, según estudios de la banca y sectores relacionados a la industria de la construcción.

La Ley propuesta por estos representantes ordenaría la realización de estudios y mediciones econométricas que revelen la realidad sobre la demanda de este tipo de viviendas para eventualmente ejecutar un Plan Estratégico que refuerce lo implantado en esta Ley a los fines de que se construyen estas unidades de vivienda.

De igual forma, esta Ley limitaría las imposiciones por concepto de arbitrios de construcción con el fin de estimular el desarrollo de este tipo de proyectos (Construcción de viviendas de interés social y de clase media) y generar mayores ingresos en las arcas de los municipios.